La campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, que inició en 2022, tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca y enmarcar este análisis en el contexto nacional. Pese a un sombrío panorama, con un aumento de la criminalización de la defensa de derechos, a raíz de la difamación gubernamental, también vemos algunas luces de esperanza.
En 2023, los intentos de criminalización del derecho a la tierra y el territorio, con personas indígenas detenidas y procesadas sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Puebla, terminaron en la mayoría de los casos con la libertad condicional o absoluta, gracias a la amplia solidaridad con las personas defensoras acosadas.
En 2023, siete personas defensoras fueron víctimas de una desaparición forzada, sin embargo tres personas regresaron con vida: Santos de la Cruz, defensor del territorio wixárika, la buscadora de personas desaparecidas Yesenia Guadalupe Durazo Cota en Sonora, y la ambientalista Karina Aragón Piña en Morelos. La inmediata alerta desde la sociedad y en consecuencia la oportuna intervención de las autoridades garantizó su derecho a la vida.
En el caso de la defensora Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida en Nochixtlán en marzo del 2021 durante una protesta contra la corrupción de autoridades municipales, recientemente fueron sentenciados varias personas que formaban parte de la pasada administración municipal, lo que significa un avance en el combate a la impunidad. Estas sentencias se lograron gracias a la intervención de autoridades federales y al seguimiento que le dieron instancias internacionales al caso. Sin embargo, la autoría intelectual de este crimen de lesa humanidad aún no fue aclarada, y Claudia Uruchurtu Cruz sigue desaparecida.
En resumen, la presión social logra frenar la criminalización y hasta salvar vidas, y el acompañamiento solidario a víctimas y familiares puede romper con la impunidad sistemática en el país.
Análisis de EDUCA Seis meses de la 4T en Oaxaca: A la violencia contra las personas defensoras se suma la difamación gubernamental
