“Nos trajeron a la locación de una película de terror que ya pasó. Aquí no hay nada, ni las autoridades”, expresó Celia Cervantes del colectivo Familias Unidas por Nayarit.
Ella viajó con sus compañeras hasta el sitio de exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco, para poder descartar o confirmar que aquí haya estado su esposo, Santiago Eloir Pérez Reyes -quien fue desaparecido el 22 de junio de 2017 en Tepic-, pero no pudo hacer nada porque lo único que encontró en este lugar, ahora bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República, sólo fue indolencia y la enésima confirmación de que las personas desaparecidas y sus familias: les valen madre al Estado.
“Esto fue un teatro” se le escucha decir a Liliana Meza de la colectiva Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco: “Para que nos citan aquí, para que nos dicen que nos van a explicar lo que están haciendo si aquí no hay nadie trabajando… aquí no hay nada, ni un fiscal”. Liliana busca a su hijo Carlos Maximiliano Romero Meza desde el 22 de octubre de 2020.
Cuando la FGR atrae un caso, las instancias locales suelen trasladar toda duda (y queja) a la autoridad federal. Eso podría ser lo que pase con toda información del rancho Izaguirre, pues toda pesquisa será ahora realizada por la FGR, la cual acusó negligencias terribles en el proceder ministerial y pericial de la Fiscalía de Jalisco, instancia que tuvo seis meses el caso, pero no fue ni siquiera capaz -señaló Gertz Manero- de integrar bien la carpeta de investigación.
Por ello, para ahora sí saber todo lo que no hicieron o hicieron mal las autoridades de Jalisco, la FGR invitó a familias buscadoras y medios de comunicación a entrar al rancho Izaguirre para ver lo que es “una investigación en serio”. La decepción fue grande.
De varios municipios de Jalisco, pero también de estados vecinos como Nayarit, Colima, Guanajuato y Michoacán, las familias buscadoras arribaron el 20 de marzo al rancho Izaguirre, esto con el objetivo de manifestar todas sus dudas, pero esto no pasó, pues no hubo peritos trabajando a quienes preguntarles cómo están haciendo los levantamientos o qué es lo que han encontrado en los hornos crematorios que las autoridades jaliscienses con malicia llamaron “puntos de combustión”, tampoco se paró en Teuchitlán algún ministerio público federal para darles información de la ropa o pertenencias que ahí fueron localizadas y del proceso que deben de seguir cuando tienen sospecha o, inclusive la certeza, de que una de las 493 prendas es de su ser querido.
Un día antes, el 19 de marzo, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero -en rueda de prensa- aseguró que “Teuchitlán jamás sería otro Ayotzinapa”, pero lo que fue posible observar cuando las madres acudieron, al sitio de exterminio y entrenamiento del crimen organizado, hace pensar que sí lo será, al menos, en lo que se refiere al trato indolente y poco transparente con el que la FGR suele tratar a las familias buscadoras.
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