Organizaciones de la sociedad civil vieron como “un paso adelante” que el Estado mexicano mostrara la voluntad de ratificar el Acuerdo de Escazú, vinculante sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Las asociaciones como el Centro de Colaboración Cívica México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Fundar Centro de Análisis e Investigación exhortan a que el Ejecutivo Federal pueda depositar ante la Secretaría de Naciones Unidas la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, y señalan la “necesidad” de un acuerdo aplicable ante “la situación de violencia y violaciones de derechos humanos” en América Latina y el Caribe. El acuerdo propone transformar la gobernanza ambiental que coloca en el centro los derechos humanos de las personas afectadas y establece herramientas que permitan la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en estos mismos asuntos. De acuerdo a datos de Heinrich Böll Stiftung, de 2006 a 2019 se identificaron 879 conflictos socioambientales en México que en su mayoría se encuentran vinculados a la minería, extracción de hidrocarburos e hidroeléctricas. Estos conflictos que generan violencia “han sido una constante” contra personas, colectivos y comunidades defensoras de derechos humanos, en concreto del medio ambiente, en la implementación de proyectos de desarrollo “sin una perspectiva de derechos humanos ni sustentable”.
Boletín: México avanza hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú. Más información: ¿Cómo se implementará en México el Acuerdo de Escazú? Contexto: México ratifica Escazú y el histórico acuerdo ambiental entrará en vigor en América Latina y el Caribe. Imagen: OACNUDH
