La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró como “buen abogado” y hombre modesto y sencillo a Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el puesto debe ser ocupado por el candidato que obtuvo un mayor número de votos. El abogado de origen mixteco encabeza el conteo con poco más de 6 millones de votos.
Experto en derecho agrario y en derecho indígena, se incorporó a la organización Servicios para el Pueblo Mixe, dirigida por el intelectual Floriberto Díaz. “Ahí comenzó una historia importante: una nueva etapa de derecho indígena en Oaxaca”, apunta a EL PAÍS Joaquín Galván, defensor mixe de los derechos humanos. “Excelente abogado, muy inteligente, muy cercano, con una manera muy clara de explicar el derecho y los procesos legales”, lo describe la escritora y lingüista mixe Yásnaya Aguilar.
Hugo Aguilar, defensor por muchos años de comunidades indígenas, fue el artífice de la reforma al artículo segundo de la Constitución, criticada como un “golpe blando a los Acuerdos de San Andrés”. También fue el cerebro detrás de las polémicas consultas para los megaproyectos de López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Estos procesos, plagados de irregularidades y trampas, buscaban “demostrar” que las comunidades indígenas estaban de acuerdo con las obras que impactaban su territorio.
Desde 2018, como coordinador General de Derechos Indígenas del INPI, el abogado mixteco se encargó de coordinar las consultas de los megaproyectos de la autoproclamada Cuarta Transformación, como la del Tren Maya y la del Corredor Interoceánico.
Sin embargo, en esos proyectos hay señalamientos de simulación, que las consultas fueron a mano alzada, y no fueron informadas y de buena fe conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La ONU-DH también documentó deficiencias en la metodología de la consulta: los tiempos fueron reducidos, no siempre hubo intérpretes adecuados y muchas personas no pudieron asistir por falta de recursos. Como resultado, la mayoría de los asistentes fueron autoridades municipales y ejidales, lo que limitó la representatividad del proceso.
Numerosas comunidades aprovecharon esas reuniones para pedir al gobierno acceso a agua potable, drenaje, caminos, vivienda, salud y educación. La ONU-DH advirtió que estas demandas fueron interpretadas como una aceptación tácita del proyecto, cuando en realidad reflejan condiciones de rezago estructurales.
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