El próximo domingo 30 de noviembre, en Honduras, dos viejos candidatos de la derecha compiten en las elecciones presidenciales que los enfrentarán a Rixi Moncada, candidata de izquierda y heredera del legado político de la presidenta Xiomara Castro, y de su esposo, ex presidentes Manuel “Mel” Zelaya. Esto en un contexto de “crecientes presiones políticas sobre las autoridades electorales” que amenazan el derecho a participar en elecciones libres y justas, señaló Human Rights Watch. Según encuestas, existe un empate técnico entre los tres principales aspirantes presidenciales.
Cabe recordar que Xiomara Castro llegó a la presidencia en 2022, cuando, hartos de la criminalidad y la violencia asociada a los gobiernos de derecha, la mayoría de los hondureños votó por ella y por la idea asociada a su campaña, la de la candidata que representaba la ruptura don el viejo régimen. La presidenta ha gobernado en un ambiente hostil, bajo ataques constantes apuntalados desde tres frentes, el de su oposición política, el que montó Washington tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y el que alimentaron sus propios desaciertos y el de sus colaboradores más cercanos.
Hoy, “todo vuelve a estar empañado por el vaho del narco, la impunidad y el crimen organizado, como ha ocurrido en este país centroamericano desde principios de siglo”, afirma Héctor Silva Ávalos en su análisis. “La oposición hondureña, alrededor de la cual hoy se aglutinan los principales líderes de los partidos nacional y liberal, la mayor parte de las élites empresariales y el sector más conservador de la administración Trump en Estados Unidos, no ha dudado en achacar todas estas faltas y señalamientos a la presidenta Castro y su entorno mientras, en un ejercicio de olvido selectivo, intenta esconder a conveniencia sus propios pecados”, reitera el periodistas salvadoreño.
Wendy Cruz, de la organización campesina Vía Campesina, compartió en un webinar de Global Exchange cómo ella, como organizadora, entiende la crisis electoral que se está desarrollando desde una perspectiva no partidista y de movimiento social.
En un contexto de “creciente desconfianza y denuncias de posible fraude, el papel de las misiones independientes de observación electoral, nacionales e internacionales, será fundamental para preservar la credibilidad del proceso”, señaló Human Rights Watch.
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