La comunidad garífuna de San Juan en el Caribe hondureño se ha convertido en el epicentro de un conflicto que enfrenta los derechos de los pueblos ancestrales con los sectores privilegiados que buscan imponerse sobre estos territorios mediante la implementación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
La nueva normativa fue implementada por primera vez durante el desalojo de un predio en San Juan en Tela, Atlántida, cuando decenas de policías rodearon a integrantes de la comunidad, que realizaban la recuperación de un predio dentro de la comunidad. Durante el operativo fueron detenidas cinco personas, posteriormente acusadas del delito de usurpación.
Durante una visita de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la comunidad relató cómo varios hombres armados trataron de ingresar al lugar. Sin embargo, el ataque no fue un hecho aislado. Días antes del incidente, la comunidad garífuna había observado vuelo de drones sobre la finca y vigilancia de carros sin placas.
Hoy, durante la audiencia inicial contra los cinco pobladores criminalizados, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), junto a comunidades garífunas y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, ha emitido un comunicado de prensa en el que denuncian la utilización del sistema de justicia para criminalizar la defensa de los territorios del Pueblo Garífuna en Honduras. La lideresa garífuna Miriam Miranda indica que la actual administración de Nasry Asfura dirige un exterminio cultural en contra de su pueblo.
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