Este viernes 27 de marzo, tras la presentación de los avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) realizada durante la conferencia matutina del día de hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, organizaciones de derechos humanos y que acompañan a las familias buscadoras en su exigencia de verdad y justicia manifestaron su profunda preocupación.
El centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez, señaló que es preocupante que la premisa inicial de que ´no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias´, minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales, apuntaron en un comunicado.
La organización apuntó que acortar a 43,128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos. Y que además, preocupa que respecto de los más de 46 mil registros de “datos insuficientes”, no se anuncien acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias. “Las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que desde su creación tienen el deber de llenar el registro con diligencia y de tomar acciones inmediatas de búsqueda”.
“Reconocer que únicamente hay 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías. Frente a una desaparición, siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal. Si no se adoptan medidas adicionales para garantizarlo, las familias seguirán enfrentando barreras para la apertura de investigaciones penales” apuntaron en su comunicado.
Por su parte, la organización Fundar señaló en su pronunciamiento que desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México. “Lo presentado hoy no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”.
Afirmo que, la narrativa oficial sostiene a partir de ahora, que las Fiscalías estarán “obligadas” a abrir carpetas de investigación por desaparición. Es imperativo aclarar que esta obligación no es nueva: existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017.
“Afirmar que esto es una novedad ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar. Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional” escribieron.
La organización lamentó que la presentación de estos instrumentos se realice sin una convocatoria amplia, transparente y abierta. “Los procesos de esta relevancia requieren una participación sustantiva de quienes han impulsado estas herramientas: las familias, sus colectivos, personas expertas y también organizaciones acompañantes. Escuchar menciones de colaboración con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación. La búsqueda es una obligación del Estado, por lo tanto, debe ser una política que reconozca, nombre y busque a cada una de las personas cuyo paradero desconocemos” afirmó al final de su comunicado.
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