El movimiento social es la cuna política del gobernador oaxaqueño Salomón Jara. Formado en las luchas de la izquierda local, fue parte de organizaciones como la Unión Campesina Democrática (UCD), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena. Es un amplio conocedor de las movilizaciones sociales, las acciones de presión y la protesta pública como estrategia para lograr el cumplimiento de demandas sociales. Él y su primer círculo en el gobierno conocen y entienden bien al movimiento social, por eso llama la atención que ahora intenten ablandarlo con los mismos argumentos que utilizaron los gobiernos priistas del pasado: acusarlos de chantaje, sobornos y extorsión política.
Esta semana el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, acusó a Gaudencio Torres Pereda, dirigente nacional del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) de pedirle un pago de 500 mil pesos mensuales a cambio de mantener la gobernabilidad y no realizar bloqueos en el municipio de Tuxtepec. “Fue denigrante para su servidor como secretario de Gobierno haberlo atendido (a Gaudencio Torres) en una oficina pública, y me haya expresado que esa era la cantidad de dinero que le daba el anterior gobierno y así nos podíamos arreglar”, dijo el encargado de la política interna del estado.
La semana pasada en conferencia de prensa el titular del IEEPO, Emilio Montero, y el mandatario, Salomón Jara, afirmaron que en el gobierno anterior se entregaron 20 millones de pesos a la dirigencia sindical para la organización de la Guelaguetza magisterial, la cual supuestamente se realiza con las aportaciones de los maestros adheridos al sindicato. Anteriormente, Salomón Jara también acusó a los exlíderes magisteriales de “vender la gobernabilidad del estado” y de presuntamente ocultar 73 millones de pesos que le fueron devueltos al sindicato, los cuales habían sido retenidos a los docentes por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Leer las notas relacionadas.
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