Más de treinta organizaciones ambientales y comunitarias rechazaron la evaluación presentada por el Gobierno mexicano sobre el uso de la fracturación hidráulica (‘fracking’) y exigieron prohibir la técnica en todo el país, al considerar que el comité científico excluyó a las poblaciones afectadas y no demostró que las nuevas tecnologías eliminen los riesgos.
El pronunciamiento ocurre luego de que el grupo de expertos, convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, planteara continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, noreste del país.
Aunque los especialistas descartaron la técnica en Tampico-Misantla por sus riesgos sociales y ambientales, las ONG advirtieron que proteger esa región “no basta”, pues continuar la exploración en las otras dos cuencas podría exponer a los mismos peligros a comunidades del noreste, una zona afectada por la escasez de agua.
Las organizaciones, entre las que se encuentra la Alianza Mexicana contra el Fracking, recordaron que “no existe evidencia científica sólida” que demuestre que las nuevas tecnologías defendidas por el gobierno federal como mitigadoras del impacto ambiental e hídrico del fracking eliminen los riesgos estructurales e inherentes del proceso. Por el contrario, indicaron, “científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones”.
El comité de científicos concluyó que es viable hacer fracking en dos cuencas del país, que abarcan Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Para ello, recomendó técnicas que reducen el impacto ambiental por medio del uso de agua salada, aditivos menos tóxicos, y “consultas previas, libres e informadas” con la población de las regiones donde se podría realizar. Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de fracking, advierten las organizaciones ambientalistas.
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