“Oaxaca es el estado donde se han cometido más crímenes en contra de personas defensoras de los derechos humanos y el territorio, a la fecha suman un total de 34 en los últimos 4 años. Estos asesinatos permanecen en total impunidad debido a una falta de rigor en la investigación criminal y a una ineficaz actuación del aparato de impartición de justicia. Aunado a esto, en los dos primeros meses del actual gobierno, ocurrieron 25 feminicidios, la mayoría de los perpetradores siguen libres. En este contexto se inscribe el nombramiento de Bernardo Rodríguez Alamilla nuevo fiscal de Oaxaca”.
“La grave crisis estructural va más allá del nombramiento de un fiscal. Hay una estructura inoperante que hace que en Oaxaca tengamos una impunidad del cien por ciento. La procuración de justicia está asentada en la corrupción y los pactos entre los grupos políticos. Las Fiscalías Regionales están ligadas a los grupos de poder o a los caciques regionales. En las Fiscalía no existen los instrumentos, los procedimientos, ni la tecnología necesaria, no tenemos una policía profesional para investigar delitos. La designación del nuevo fiscal viene a ser un nombramiento más dentro de una estructura que no funciona”.
“Consideramos que tienen que darse cambios en el modelo de procuración de justicia. Se requiere una reforma integral a la Fiscalía, hacer una institución transparente, cuyas actuaciones estén apegadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos, con personal profesionalizado y presupuesto suficiente para el desempeño de su misión. Preocupa el futuro de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la falta de titular coloca a este organismo autónomo en una situación de vulnerabilidad. Esperamos que tanto la Fiscalía como la DDHPO no se conviertan en apéndices del gobierno, por el contrario, que sean instituciones fuertes, que cumplan con su labor de defender a la sociedad y procurar justicia al pueblo de Oaxaca”.
Pronunciamiento íntegro de EDUCA: “En Oaxaca la justicia no llega”
