Integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron que les fue retirado el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos al que ingresaron en marzo de este año, después de recibir amenazas tras el hallazgo de segmentos óseos y cientos de artículos personales en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Raúl Servín, integrante del colectivo, dijo a Animal Político que sin ninguna explicación le dijeron que le retirarían las medidas de protección, incluyendo a los elementos de la Guardia Nacional que le habían asignado para custodia y vigilancia. Al cuestionar la razón, el padre buscador solo recibió como respuesta que eran las órdenes que habían recibido y que por el momento ya no iban a tener la protección.
Indicó que no todos los miembros de colectivo cuentan con este mecanismo, pero que alrededor de 12 de los integrantes recibieron la misma llamada con esta notificación, en su mayoría, por parte de los elementos de la Guardia Nacional que los custodiaban.
Raúl Servín indicó que la fundadora de Guerreros Buscadores, Indira Navarro, se encuentra en la Ciudad de México para tratar de resolver que se reinstale el Mecanismo de Protección para su colectivo y estará en pláticas con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación.
El padre buscador dijo temer por su integridad y la de su familia ya que en su labor en campo contaban con el acompañamiento de la Guardia Nacional y también hacían vigilancia afuera de sus viviendas. En su caso tenía la protección de la Guardia Nacional tres días a la semana, otros compañeros la tienen las 24 horas. Pese a ello dijo que con seguridad o sin seguridad continuarán con su búsqueda.
Recordó que han recibido amenazas para que ya no sigan buscando a sus familiares desaparecidos o que cuando acuden a zonas a hacer labor de campo los han recibido con machetes o armas de fuego, a lo que se suman las intimidaciones por parte del crimen organizado y el ataque y asesinato de madres y padres buscadores.
Al respecto, la CNDH rechazó que haya sido el organismo el que solicitó el retiro de medidas cautelares e indicó que las medidas tienen una vigencia determinada. “Aclaramos que este organismo no tiene facultades para determinar un eventual retiro de medidas de protección otorgadas en favor de personas defensoras de derechos humanos. Las medidas tienen una vigencia determinada; en este caso, como muchos otros, la Guardia Nacional solo nos informó institucionalmente y, de manera personal o colectivamente, a los beneficiarios”.
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