En octubre de 2023, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) manifestó la intención de publicar una Política Nacional de Empresas y Derechos Humanos, ante el reconocimiento de una problemática estructural en México, con la finalidad de consolidar un documento base hacia una Política Nacional e instaló el Comité Técnico multiactor para el diseño de ésta. A pesar del trabajo realizado hasta el día de hoy, no se ha materializado su publicación.
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 establece la Estrategia Prioritaria para “Impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta”, incluyendo la del Estado, con 10 líneas de acción que abordan cómo identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por dicha actividad y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor, además de “Promover y proteger los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o afectados en el contexto de las actividades empresariales”, entre otras.
Sin embargo, a pesar de ser pasos muy importantes para el país, el proceso tanto de implementación de la Estrategia, como de desarrollo de dicha Política Nacional careció de la participación efectiva de comunidades y otros titulares de derechos afectados por la actividad empresarial. El desarrollo de la Política fue un proceso poco organizado y transparente, apresurado y cuestionado por actores empresariales y sociales.
A través de un comunicado, las ONG del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México se pronunciaron: “Por lo anterior, solicitamos al gobierno entrante que se retome como prioridad la atención a la agenda de Empresas y Derechos Humanos que aborde las causas estructurales de los abusos y violaciones de la actividad empresarial en México”
“La Secretaría de Gobernación deberá retomar las enseñanzas de ese proceso, aplicarlas y comenzar los trabajos al inicio de la siguiente administración para tener un tiempo suficiente para la implementación de la Política y, de esta forma, no quede como un papel más de buenas intenciones”.
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