Unos 23 mil mensajes de texto inéditos a los que accedió el New York Times (NYT) muestran cómo militares, policías y funcionarios trabajaban para el cártel Guerreros Unidos, lo que ayudó al grupo criminal a desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Ejército, cuerpos policíacos y políticos no les prestaban servicios ocasionales a Guerreros Unidos, sino que eran prácticamente sus empleados. El crimen organizado tenía impunidad total.
Los 23 mil mensajes de texto de conversaciones interceptadas a distintos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, entregados al gobierno mexicano por la DEA el año pasado, muestran sobre todo el nivel de involucramiento de elementos del Ejército en el caso Ayotzinapa y refuerza la exigencia de que entregue todos los documentos que tiene y que serían vitales para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, aseveró Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aguirre señaló que algunas de las conversaciones se utilizaron para acusar a los militares que han sido procesados, entre ellos el general en retiro Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala. Indicó que en los textos se menciona por apellido a este general, “que fue acusado pero que acaba de recibir –la semana pasada–, por intermediación de la Guardia Nacional, un beneficio de prisión domiciliaria muy inusual”.
El Ejército no podrá destruir documentos relacionados con el caso, así lo determinó el Poder Judicial de la Federación (PJF). Fue el pasado 15 de agosto cuando padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa interpusieron una demanda amparo ante el PJF en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar debido que los padres consideran que los militares estaban desobedeciendo el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el que se ordenó a las instancias colaborar con el caso Ayotzinapa.
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