A nueve años de que fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, sigue la impunidad. De la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Guerrero y al congreso local, no se cumplió ni siquiera una línea. Esto, porque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) protegió a los principales responsables de estos hechos ocurridos en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011. La recomendación de la CNDH iba dirigido al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal; estas dependencias debían indemnizar a familiares de los estudiantes asesinados por las policías federal, estatal y ministerial, en la Autopista del Sol, así como a los tres heridos y los 24 detenidos y torturados durante el desalojo violento. En lugar de justicia, en los primeros dos años, el gobierno estatal desplegó una intensa campaña para desvirtuar la demanda de justicia de los normalistas. Incluso, policías federales, estatales, soldados y marinos, reprimieron de manera sistemática a estudiantes de Ayotzinapa: el 10 de diciembre de 2012, marinos y policías federales dispararon en contra de los muchachos cuando realizaban actividades de colectas de dinero en la carretera Iguala-Chilpancingo; en el tramo conocido como Casa Verde, dos estudiantes fueron torturados y cuatro más fueron llevados a la procuraduría de justicia ese día.
Ejecución extrajudicial en la Carretera del Sol: 9 años de impunidad y Testimonio de un normalista sobreviviente del ataque en la Autopista del Sol hace nueve años. Foto: Tlachinollan CDHM
