De las 25.427 personas deportadas desde Estados Unidos a terceros países entre enero de 2025 y agosto de 2026, casi 20.000, entre ellos cerca de 5 mil cubanos, fueron enviadas a México. El resto de los migrantes fue llevado a otros 27 países en América Latina, África y el Pacífico, bajo acuerdos poco transparentes, negociados por el Departamento de Estado estadounidense.
En entrevistas realizadas por Forbidden Stories en Tabasco y Chiapas, los afectados contaron que los traslados en autobús desde Estados Unidos duraron más de 30 horas. Muchos relataron que no recibieron suficiente agua ni alimento durante el camino. Otros declararon haber permanecido encadenados por largos periodos de tiempo, sin saber, en la mayoría de las ocasiones, cuál sería su destinación final.
Gran parte de los entrevistados denunciaron que no les fue dada la oportunidad de manifestar el miedo a persecución o amenazas que podría existir al regresar a su país de origen o cualquier otro, vulnerando así un principio básico del derecho internacional.
Conforme al derecho internacional, los Estados deben garantizar a quienes enfrentan una orden de expulsión la posibilidad de clamar un “temor fundado de persecución”, reconociendo así que existe una amenaza contra su vida, ya sea en su nación de origen o en un tercer país. Este proceso se conoce como “procesamiento de temor creíble”. La mayoría de las personas con las que Forbidden Stories (coordinando a más de 72 periodistas de 24 medios de comunicación) pudo conversar no tuvo la oportunidad de realizar este procesamiento.
Meredyth Yoon, directora de litigios de la organización Asian Americans Advancing Justice, indicó que en muchos casos, las personas fueron trasladadas primero a un tercer país antes de ser repatriadas de forma “rápida” a sus países de origen, incluso cuando habían demostrado que podían ser víctimas de persecución o tortura allí.
En México, ante la creciente llegada de ciudadanos de terceros países y el sistema migratorio operando a máxima capacidad, los albergues y refugios comunitarios a cargo de la sociedad civil han llenado el vacío institucional. Frecuentemente, operando con fondos insuficientes.
A muchos de los expulsados se le niega la residencia en México. “Traté de cumplir con todos los reglamentos, y al final me negaron mi residencia. Ahora estoy en un limbo migratorio. No tengo papeles para ir a ningún lado”, dice el migrante José Alejandro Aponte, cubano de 65 años, en Villahermosa. “Tengo que dejar de comunicarme con mi familia porque ahora todas las compañías de teléfono están exigiendo que se vincule la línea. ¿Cómo nos vamos a vincular? Nosotros somos extranjeros”.
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