El hartazgo social que se manifestó el viernes pasado en las marchas feministas en todo el país es ”consecuencia de falta de acceso a la justicia, violencia y dilación de las autoridades”, afirman defensoras de los derechos de las mujeres. En este contexto, el Centro Prodh recuerda que “la violación sexual equivale a tortura cuando es infligida por un funcionario público, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia ”, y recuerda los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de las mujeres de Atenco, todos casos en donde años después de la violación de derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció al estado Méxicano por tortura sexual. El Centro Prodh alerta que tiene conocimiento de 110 casos de mujeres que manifestaron haber sido víctimas de tortura sexual al momento de su detención o durante la custodia ministerial por parte de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, policías estatales y municipales. En un boletín de prensa, varios espacios de defensoras de los derechos de las mujeres que acompañan y visibilizan casos de violencia feminicida, afirman que “es indispensable señalar que no basta abrir las carpetas de investigación por los delitos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que es urgente y necesario que realmente se garantice el acceso a la justicia de una manera pronta y efectiva”.
Cuando la violencia sexual constituye tortura, por Centro Prodh. Boletín de prensa: Impunidad, factor principal que obstaculiza el derecho de las mujeres a una libre de violencia. Contexto: Manifestaciones de ira colectiva de mujeres contra la violencia de género. Foto: “¡Yo lo hice; fuimos todas!”
