En un campamento instalado este domingo en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, organizaciones sociales de diferentes entidades del país expusieron casos de persecución política y del uso del aparato judicial contra personas defensoras de derechos humanos y del territorio, con los que afirmaron que “México es un Estado represor”.
Entre ellas estuvieron el colectivo de mujeres: “Haz valer mi libertad”, que lucha por la libertad de presos del Estado de México, la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la libertad de presos políticos y revolucionarios del mundo a través de sus bases en Oaxaca y Chiapas, el Comité por la Libertad de Kenia Hernández, defensora amuzga de Guerrero, y el Comité por la libertad de Karla y Magda, activistas de la Ciudad de México.
También estuvieron representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Estado de México, así como colectivos que luchan por la libertad de los presos políticos de San José Independencia, Tuxtepec, Oaxaca, y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO).
Argelia Betanzos expuso el caso de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, comunidad mazateca del estado de Oaxaca.
En esta población, relató, 40 personas indígenas entre hombres y mujeres de la comunidad fueron acusadas desde el año 2014 de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, entre otros, a través de la fabricación de cargos y pruebas.
“La finalidad de esta represión fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria, los acusados de estos delitos son una lista de personas que tenían representación comunitaria, que la tienen hasta el día de hoy, de activistas, de defensores de derechos y del territorio”. Las protestas continuarán esta semana.
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