El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas, presentó en Ginebra el informe “Desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente” (LNRE, por sus siglas en inglés) donde presenta datos y examina la alarmante tendencia mundial de desapariciones de defensores y ambientalistas.
Según las estadísticas disponibles, entre 2012 y 2022, 1,733 defensores de la LNRE fueron asesinados, un promedio de uno cada dos días. En 2022, por ejemplo, 177 defensores fueron asesinados, de los cuales el 36% eran Pueblos Indígenas, principalmente como resultado de conflictos relacionados con la agroindustria, la minería, la tala y proyectos de infraestructura. Para el 2023, el número de asesinatos había aumentado a 196, con un 43% de Pueblos Indígenas y un 12% de mujeres, mientras que muchos otros enfrentaban amenazas, violencia, estigmatización y criminalización. Además no existen cifras claras sobre personas desaparecidas, lo que aumenta el riesgo para estas comunidades.
“El Grupo de Trabajo ha documentado numerosos informes de personas defensoras de la LNRE que han sido objeto de desaparición forzada para impedirles llevar a cabo su labor legítima de defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. La desaparición forzada se utiliza para crear un efecto disuasorio sobre la participación pública. El hecho de que muchos defensores de la LNRE también provengan de comunidades muy unidas significa que la desaparición de un defensor puede disuadir a muchos otros”.
En el informe se señala que gran parte de la violencia contra defensores de la LNRE ocurre en países en desarrollo que sufren de un estado de derecho débil, corrupción y desigualdad. Con frecuencia, estos Estados también carecen de una legislación amplia sobre la conducta y las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos.
“La desaparición forzada de los defensores de la LNRE es a menudo producto de la colusión entre el Estado, las empresas comerciales y los grupos criminales, con el objetivo frecuente de proteger y aumentar las ganancias derivadas de las industrias extractivas, la agroindustria, los emprendimientos energéticos y los proyectos de desarrollo, entre otros” apuntan.
“Estas desapariciones se producen a menudo en contextos de discriminación sistémica, debilitamiento del estado de derecho e intereses económicos poderosos, con la complicidad o aquiescencia de las autoridades del Estado” se señala en el informe.
Para prevenir estos casos, el grupo de trabajo insta a suspender proyectos si existe riesgo de desaparición forzada. Delgadillo alertó que las empresas buscan desligarse de responsabilidad argumentando trabajar bajo leyes locales, pero muchas influyen en cambios legislativos y en las investigaciones para proteger sus intereses.
Finalmente, el informe será presentado en México junto con organizaciones como Tlachinollan, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y más actores, con la intención de crear conciencia y promover acciones concretas para que estas situaciones no se reproduzcan.
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