En la desaparición del joven de 20 años Alexis Marín Ramírez, el 7 de noviembre del 2017 en una carretera en Tlaxiaco Oaxaca, el Estado mexicano “ha omitido deliberadamente y con pleno conocimiento la adopción de todas las medidas apropiadas” para dar con su paradero, investigar y sancionar a los responsables, determinó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés).
En el dictamen emitido el pasado 7 de mayo, el CED exigió al Estado Mexicano realizar una investigación efectiva y exhaustiva con el objetivo de establecer la verdad sobre su desaparición forzada, y de igual manera, proporcionar a la familia y la organización que la acompaña información detallada sobre los progresos y resultados de la indagatoria; así como juzgar y sancionar a los autores y responsables de la desaparición forzada de Alexis.
Así lo dieron a conocer sus familiares acompañados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígena (Cedhapi), quienes en conferencia de prensa presentaron el resolutivo que tiene un plazo de seis meses para ser acatado por autoridades.
Este dictamen es el segundo que emite el CED contra el Estado mexicano y el primero relacionado con un caso de Oaxaca, luego de que, en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se admitiera la competencia de ese órgano de Naciones Unidas para atender casos individuales sobre desapariciones forzadas ocurridas en México cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio, alertó el representante del Cedhapi, Maurilio Santiago.
La madre del joven de 20 años, quien desapareció en noviembre de 2017, llamó a las autoridades hacer extensiva la obligación que le impuso el CED para buscar y localizar a “todos los desaparecidos” que son buscados por sus familiares.
Por su parte, la Cedhapi, advirtió que en Oaxaca existe un gran índice de personas desaparecidas. “Del 2023 a mayo de 2025 se encuentran registradas mil 879 personas desaparecidas por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; sin embargo datos previos al 2023 no se encuentran públicos y los números registrados en el registro nacional de personas desaparecidas son mínimos”, aseguró.
Cabe destacar que aunque Oaxaca se ubica dentro de las seis entidades del país con menor número de desapariciones, el incremento de víctimas de este delito emite signos de alarma. Esta brecha entre el registro oficial y las denuncias ciudadanas se establece en diferencias de criterios de reporte. Mientras la comisión de búsqueda contabiliza únicamente los casos con denuncia formal y alta prioridad, los colectivos incluyen también reportes de familiares que no logran inscribir la carpeta de investigación, denuncias archivadas y búsquedas en zonas rurales de difícil acceso.
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