Cerca de cien personas integrantes de las 20 familias victimas de desplazamiento forzado e incendio de sus viviendas por defender sus bosques contra la tala clandestina hace dos años, salieron a marchar este 21 de octubre, para denunciar al gobierno mexicano el olvido y omisión ante sus demandas de una vida digna, reparación del daño, justicia y esclarecimiento de los hechos.
Las comunidades afectadas de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji, pertenecientes al municipio mixteco de San Esteban Atatlahuca, marcharon por las calles de Tlaxiaco, Oaxaca por los hechos ocurridos el 21 de octubre del 2021, pues a pesar del tiempo transcurrido, el gobierno no ha ofrecido condiciones dignas para que puedan regresar a sus casas y siguen sin tener justicia.
En entrevista con la periodista Diana Manzo, la representante legal de las personas desplazadas Sebastiana Paz Bautista, dijo que “no hay atención de las autoridades”, y que se han organizado solos para sobrevivir a pesar del riesgo que corren por defender su tierra y su bosque.
Además señalaron que a pesar de contar con una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana MC-1050-21 y la acción urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU AU núm. 1456/2021 a 1460/2021. Viven la omisión de un gobierno que ha incumplido todos estos señalamientos. Durante la marcha también denunciaron que durante el desplazamiento forzado y todos los actos violentos ocurridos ese día, también fue asesinado el comunero Isidro Hernández, caso que actualmente continúa en total impunidad. Además ese mismo día desaparecieron cuatro personas: Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, y la defensora Irma Galindo Barrios, quien después de denunciar públicamente los hechos violentos de ese 21 de octubre en redes sociales, a la semana siguiente fue vista por última vez en el metro de la Ciudad de México.
Por su parte el abogado Maurilio Santiago, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, dijo “Nosotros como organización pedimos que se cumpla este requerimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH lo antes posible. Esta tardía acción de casi dos años es muestra de la violencia institucional en la exigencia del cumplimiento de los derechos” para que las familias de estas comunidades puedan acceder a la justicia.
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