La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 13/2026 a la Fiscalía General del Estado (FGEO), tras acreditar actos de tortura cometidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como violaciones al acceso a la justicia y al derecho a la verdad.
Los hechos ocurrieron el 29 de octubre de 2014, cuando la víctima fue detenida mientras conducía sobre la carretera 147, en jurisdicción de San Juan Bautista Valle Nacional, donde fue sometida a golpes, amenazas e intimidación que provocaron lesiones por las que tuvo que ser hospitalizada. Esto ocurrió durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
En ese momento, el titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) era Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, quien se desempeñaba como procurador desde 2013 y continuaba en el cargo durante octubre de 2014.
La DDHPO estableció concordancia entre el relato de la víctima, las lesiones documentadas en certificados médicos y las secuelas emocionales acreditadas mediante dictámenes médicos y psicológicos independientes y del propio organismo defensor, elementos que corroboraron los actos de tortura.
Además, documentó inactividad y deficiencias en la integración de la investigación ministerial por tortura, pese a que desde noviembre de 2015 un tribunal había ordenado indagar los hechos.
La carpeta permaneció en trámite sin ser judicializada y la víctima murió en reclusión en octubre de 2024, sin que el Estado le procurara justicia en vida, por lo que la DDHPO determinó una vulneración irreparable a su derecho a la verdad.
Esto se da en medio de un contexto marcado por un intercambio de acusaciones entre la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General del Estado que ha escalado en los últimos días hasta configurar lo que actores locales describen como una “Guerra Fría” institucional, marcada por campañas mediáticas y señalamientos de corrupción y omisión.
El conflicto se intensificó luego de que Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la DDHPO, lanzara una ofensiva pública contra el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla, a quien responsabilizó por presuntas omisiones en la investigación del asesinato del columnista Alejandro Leyva.
Lara Rodríguez ha acusado a la Fiscalía de falta de diligencia y de no garantizar una investigación pronta, eficaz y transparente en un caso que conmocionó al gremio periodístico y a la opinión pública estatal.
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