Activistas y colectivos denuncian que fueron excluidos de las negociaciones gubernamentales convocadas por Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, para la renovación del sistema de abastecimiento de agua. Exigen que el agua para el pueblo tenga prioridad sobre la industria.
El 11 de octubre comenzaron manifestaciones en Guadalajara, Jalisco, en respuesta a la mala calidad del agua. Evaluaciones realizadas por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) mostraron que el agua contenía niveles altos de plomo, mercurio, así como nitratos y nitritos, indicadores de contaminación fecal.
Defensores de derechos humanos denunciaron la respuesta del gobierno a las manifestaciones, que incluyó represiones brutales por la policía y más de 50 detenciones arbitrarias.
Presentaron propuestas en una reunión del gobierno de Jalisco, que invitó a representantes empresariales, universidades, colegios de profesionistas, asociaciones vecinales y civiles, sindicatos y otros organismos para discutir soluciones a la crisis.
Sin embargo, organizaciones como el IMDEC y Un Salto de Vida, que han exigido explicaciones sobre la calidad del agua y las fuentes de contaminación, fueron excluidas.
Para María González Valencia, una representante de una organización civil, la reunión evidenció una disputa entre dos formas de entender el agua: “como mercancía y oportunidad de negocio, por un lado, y como bien común y derecho humano, por el otro”. Señaló que algunos participantes forman parte de los grandes usuarios del agua en el estado y alertó de la influencia de los intereses empresariales.
“Lo que hoy vimos fue esto que se llama la captura corporativa del agua”, afirmó la integrante del IMDEC.
Para resolver la crisis, la presidenta Sheinbaum ha prometido 14 mil millones de pesos, mientras el gobernador anunció una inversión de 10 mil 200 millones de pesos para construir dos acueductos.
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