“El gobierno habla y dice: primero los pobres, pero es mera demagogia, debajo del agua viola las leyes colectivas de los pueblos”. Integrante del “Campamento Tierra y Libertad”.
El día 25 de julio del presente año, la Misión Civil de Observación MCO, conformado por 23 organizaciones nacionales e internacionales visitó al “Campamento Tierra y Libertad”, ubicado en la comunidad de Mogoñé Viejo, San Juan Guichicovi con el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos provocadas por la imposición del megaproyecto del Corredor Interocéanico en el Istmo de Tehuantepec.
Criminalización, hostigamiento, persecución, falta de información y daños al medio ambiente fueron las principales denuncias emitidas por las personas integrantes del Campamento, quienes explicaron a la Misión Civil que estaban indignados e inconformes: el Gobierno Federal prometió diversas obras y proyectos para beneficio de la población, sin embargo, hasta 2023, no se han cumplido. Por el contrario, han sido testigos de los impactos generados por las obras relacionadas con el gasoducto, tendido eléctrico y modernización del tren, en sus palabras: “aquí no hubo consulta, decidimos detener las máquinas para que no sigan trabajando, no sabíamos nada sobre las obras, fue por ello que iniciamos esta lucha y por eso nos plantamos en las vías del tren”.
Integrantes de la comunidad denunciaron que las asambleas de consulta se realizaron en Jaltepec de Candayoc, comunidad distante de las comunidades afectadas, en dicha comunidad convocaron a una asamblea de manera selectiva, los funcionarios propusieron el Proyecto e hicieron la consulta, a mano alzada, sin explicar los impactos sociales, económicos y culturales que tendría el Corredor Interocéanico.
Posteriormente los funcionarios de gobierno llegaron a la comunidad de Mogoñé para firmar las actas de acuerdo, realizando pláticas a puerta cerrada con el comisariado ejidal sin consultar a las personas afectadas. Es importante señalar que, durante la exposición de las personas afectadas, La Guardia Nacional se hizo presente en dos ocasiones, con actitud intimidatoria. Posteriormente trabajadores del tren también llegaron al Campamento con la misma actitud. Inmediatamente, personas integrantes del Campamento dijeron a la Misión que: “la presencia de militares genera mucha tensión en los pueblos y comunidades… están presentes para atemorizar, quieren controlar y supervisar todo el megaproyecto, quieren a los pueblos alejados de su territorio”.
Defensoras y defensores del territorio denunciaron que además de la intimidación de la Guardia Nacional y Marina, han sufrido persecución por parte de actores desconocidos en sus domicilios, por lo que ya no confían ni en la policía, ni en nadie. Defensoras y defensores temen por su integridad física y emocional. Lejos de proteger su quehacer, el Gobierno Federal mantiene 11 carpetas de investigación con el delito de ataques a las vías federales de comunicación. También han sufrido diferentes intentos de desalojo, el más reciente sucedió el 28 de abril en el que hubo 6 personas detenidas.
“tratan de meternos miedo con tal de que nosotros dejemos de resistir, estamos muy identificados, entonces tratan de meternos miedo para dejar de hacer este trabajo, en ningún momento estamos contra el gobierno, pero no está haciendo nada en beneficio de las comunidades” y “que el gobierno cumpla con su palabra, que cumpla lo que dijo, porque de este lado solo vemos afectaciones”.
Ante estos hechos, la Misión Civil de Observación, en conferencia de prensa exigió al Gobierno Federal garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, además de respetar el derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, participación y consentimiento bajo el estándar más alto de protección.
