El gobierno panista de Yucatán demandó a ocho defensores mayas e integrantes del colectivo La Esperanza de Sitilpech que se oponen a la imposición de la megagranja porcíocola de la empresa Keken en su territorio, semanas después de la represión que dejó 15 mujeres y adultos mayores heridos por la policía estatal.
Lasa organizaciones Esperanza de Sitilpech, Kanan Derechos Humanos y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible señalan que los ocho habitantes de Sitilpech fueron citados este 10 de marzo para comparecer en una audiencia inicial de vinculación a proceso por la imputación del delito de obstrucción de vías de comunicación en pandilla.
Las demandas, explicaron las organizaciones, forman parte “de las constantes acciones de criminalización, hostigamiento e intimidación emprendedidas desde el Estado en contra de la comunidad maya” de Sitilpech, que instaló un plantón para impedir el paso a la empresa Keken, hasta que 70 uniformados de la policía de Yucatán y de Izamal reprimieron y golpearon a la población la madrugada del pasado 18 de febrero.
«La historia de Sitilpech evidencia la diligencia y complicidad que tiene el estado de Yucatán en velar por los intereses del empresariado porcícola y las agroindustrias, que crecen a costa del despojo de las tierras comunitarias, violaciones a la libre determinación y autonomía de los pueblos, contaminación del agua y los cenotes, e incluso la vida de las personas», señalaron las organizaciones.
Pronunciamiento: Criminaliza gobierno de Yucatán a ocho defensores mayas de Sitilpech. Foto: Kanan Derechos Humanos
