“La privatización se presenta como desarrollo, pero en la práctica significa desplazamiento, pérdida de territorio y expulsión silenciosa de comunidades” denunciaron activistas de Puerto Rico ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU, donde apuntaron que el modelo de desarrollo impuesto desde Estados Unidos a Puerto Rico está orientado hacia los inversores extranjeros, provocando el desplazamiento de comunidades, la privatización de recursos naturales y la amenaza a ecosistemas protegidos.
Más de 70 representantes de organizaciones civiles del archipiélago y la diáspora expusieron cómo el estatus colonial de Puerto Rico facilita un patrón de despojo que, afirmaron, se intensifica bajo la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos.
La coalición Defiende a Cabo Rojo envió a la doctora Beatriz Llenín Figueroa para denunciar el proyecto de ciudad privada “Esencia”, promovido por las firmas extranjeras Reuben Brothers y Three Rules Capital en Cabo Rojo, el suroeste de Puerto Rico. Llenín Figueroa lo describió como “un asentamiento neocolonial y enclave billonario” al que el gobierno local ya habría otorgado más de 500 millones de dólares en exenciones y créditos contributivos, “con la complicidad del gobierno colonial.”
De acuerdo a la información documentada de la coalición, el proyecto amenaza con privatizar playas de acceso público, extraer agua en una zona que padece escasez crónica, fragmentar un bosque seco subtropical con especies endémicas en peligro de extinción y profanar sitios arqueológicos. “Desplazar y reemplazar nuestra población por elites que creen ser dueños y amos de todo y de todos”, advirtió Llenín Figueroa, quien subrayó que el gobierno impulsa además leyes y enmiendas que eliminan protecciones ambientales para facilitar proyectos de esta naturaleza.
Por su parte, Oscar Ocasio, psicólogo con más de veinte años de trabajo con comunidades de clase trabajadora en Nueva York, también denunció controversias como la de La Parguera, reserva natural protegida donde, a su juicio, “los privilegios del poder político parecen tener más protección que los recursos naturales” (…) “Puerto Rico no es un experimento imperial. Puerto Rico no es una finca de inversionistas”, concluyó.
Desde Vieques, Katherine Martínez Medina, integrante del colectivo agroecológico La Colmena Cimarrona, puso el foco en la tierra agrícola. Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de los alimentos que consume, señaló, como resultado de décadas de políticas coloniales que debilitaron la capacidad productiva local.
Afirmó que, las consecuencias son aún más profundas: décadas de ocupación militar estadounidense destruyeron la agricultura, la pesca y la ganadería locales, y hoy sus comunidades intentan reconstruirlas en medio del abandono gubernamental y la especulación sobre la tierra.
El Comité Especial de Descolonización de la ONU, también conocido como el Comité de los 24, es un órgano de la Asamblea General que analiza la situación de los 17 territorios no autónomos y formular recomendaciones sobre los procesos de descolonización, promoviendo el derecho a la libre determinación de los pueblos conforme a la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de Puerto Rico, el territorio no figura actualmente en la lista oficial de territorios no autónomos del Comité.
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