Organizaciones como la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, exigieron al Estado mexicano la liberación inmediata de los cinco defensores indígenas tseltales de San Juan Cancuc, presos desde hace más de tres años, al reconocer que su detención fue arbitraria, discriminatoria y vinculada a su labor en la defensa del territorio.
En la Opinión 21/2025, publicada el 17 de mayo de 2025, personas expertas de la ONU reconocieron que la detención arbitraria está caracterizada en cada uno de los 4 aspectos argumentados por el Centro de Derechos Humanos Frayba: 1) no hay fundamento jurídico que justifique la detención; 2) la detención resulta del ejercicio sus derechos humanos; 3) un juicio parcial condujo a la detención; 4) y que esta detención es discriminatoria.
El Grupo de Trabajo señala que el Estado mexicano no tuvo respuestas a diversos alegatos, tampoco está convencido de que las autoridades hayan cumplido con los procedimientos legales para llevar a cabo las detenciones en contra de los cinco. Asimismo, refirió que tras su visita a México en septiembre de 2023, reiteró que la prisión preventiva oficiosa vulnera el derecho a la libertad, así como a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
Además, insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Es de responsabilidad del Estado mexicano cumplir sin dilaciones los puntos ordenados por la opinión.
El Grupo de Trabajo reconoce que el caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. Desde 2020 se han documentado al menos siete casos con acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, tortura y condenas basadas en pruebas fabricadas, reforzadas por la figura de prisión preventiva oficiosa.
“Se resaltó el contexto del municipio de San Juan Cancuc, donde la oposición comunitaria a la imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la “supercarretera” San Cristóbal – Palenque y la militarización del territorio ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas. Esta práctica constituye una forma de castigo ejemplar contra quienes ejercen la defensa de derechos, expresando además un racismo estructural que afecta principalmente a personas tseltales en Chiapas” Señala el Frayba.
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