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La Minuta

CentroProdh exige al poder judicial de Tlaxcala justicia y libertad para Keren, encarcelada injustamente

“El caso de Keren es representativo de lo que viven muchas mujeres hoy en día que están privadas injustamente de su libertad, es un caso representativo del uso discriminatorio del sistema de seguridad y del sistema de justicia penal, cuando las autoridades ignoran las circunstancias de vulnerabilidad y violencias en las que se encontraban las mujeres antes de ser privadas de la libertad y durante el proceso” dijo Melisa Zamora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh), dentro del foro “Rostros y voces de la #Tortura en el México de hoy”.

La abogada acompañante del caso también hace un llamado y exige al poder judicial de Tlaxcala, justicia y libertad para Keren “es una oportunidad para que demuestren su compromiso con los derechos de las mujeres y de las personas sobrevivientes de tortura”, y recalcó que en los próximos días podría dictarse sentencia en el caso.

Por su parte la madre de Keren pidió justicia y esclarecimiento de la verdad en el caso de su hija, quien es sobreviviente de tortura y se encuentra privada de la libertad en Tlaxcala por un crimen que no cometió. La tortura ha sido uno de los principales mecanismos de sistema de procuración de justicia para fabricar culpables e intentar demostrar que se dé respuesta a las denuncias interpuestas por delitos, lo que deja a diversas victimas en condiciones vulnerables y con sentencias por delitos que no cometieron.

Keren Selsy Ordoñez fue detenida en 2015, junto con su hija de un mes de edad en brazos, sometida a actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas por policías federales y estatales, quienes la obligaron a autoinculparse de un secuestro. Aunque su ex pareja y padre de su hija, también fue detenido y procesado por el mismo delito, él recuperó su libertad tras cumplir una condena de cuatro años de prisión; en contraste, tras un proceso irregular, ella fue sentenciada a 50 años de prisión. En 2021, un Tribunal Colegiado concedió un amparo al considerar que se habían violentado derechos procesales, por lo que su proceso se encuentra actualmente abierto.

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