La historia de la abogada y defensora amuzga Kenia Hernández, no puede ser contada sin nombrar las múltiples violaciones a sus Derechos Humanos que el Estado mexicano ha ejercido contra ella, en el proceso legal que a travesado durante tres años de haber sido detenida arbitrariamente.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigen al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de México su liberación inmediata y la reparación integral por los daños cometidos. A través de un comunicado las once organizaciones recordaron que el 18 de octubre de 2020, 22 policías ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado de México la detuvieron de manera arbitraria en la caseta de Amozoc, Puebla. La defensora no recibió orden judicial ni fue informada de la razón de su detención, en la cual fue sometida a malos tratos y violencia física, la tuvieron incomunicada un día sin que su familia supiera de su paradero.
Kenia participaba en varios movimientos sociales en el Estado de Guerrero, se dedicaba a la defensa de la tierra y el territorio, de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y a personas afectadas por las actividades de empresas extractivas multinacionales en el territorio mexicano.
Actualmente Kenia enfrenta 11 procesos en su contra como represalia a su labor, dos sentencias que suman más de 20 años en prisión por “robo con violencia armada”, así como “ataques a las vías de comunicación en pandilla” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. Aunado a ello, se le a negado la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y, además, se ha impedido que su familia pueda visitarla en varias ocasiones, esto ha sido documentado y señalada por las organizaciones que a través de tres misiones de observación, concluyeron que al menos 13 de sus derechos humanos habían sido violados.
Recientemente en el mes de Junio, una investigación periodística de Empower demuestra que la empresa Aleatica y Julio Scherer Ibarra, estaría conectado tanto con las empresas denunciantes en dos causas judiciales contra Kenia Hernández. Un caso que ejemplifica la situación de criminalización contra personas defensoras de los derechos humanos en México, donde el derecho penal es utilizado a conveniencia para hostigar y criminalizar a las personas defensoras y la protesta social.
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