Diez años después del transfeminicidio de Paola Buenrostro, una trabajadora sexual trans de 25 años, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció la detención de Arturo ‘N’, señalado como probable responsable, hace 10 años el acusado fue detenido en flagrancia después del asesinato, pero un juez lo dejó en libertad y permaneció prófugo durante años.
La detención ocurrida este lunes, reabrió el reclamo e indignación de colectivos y activistas trans al término de la audiencia inicial en contra de Arturo N, pues cuestionaron que el caso se procese como homicidio calificado sin respetar la identidad de género de la víctima, pese a que autoridades capitalinas reconocieron el crimen como el primer transfeminicidio documentado en México, tras una incansable lucha de colectivos y activistas que derivó en la llamada Ley Paola Buenrostro.
La activista trans Kenya Cuevas, quien atestiguó el crimen y desde entonces ha encabezado una intensa lucha en la exigencia de justicia para su amiga Paola, denunció con justa indignación “Diez años me senté en esta pinche institución para crear protocolos, manuales y lineamientos que garantizaran nuestra identidad de género, pero hoy vemos que no bastó”, dijo dirigiéndose a medios de comunicación y funcionarios de justicia, esto luego de ser también “malgenerizada” durante la audiencia.
Frente a estas violencias institucionales, Kenya junto a diversos colectivos trans irrumpieron en las oficinas de la Fiscalía Especializada en la Atención del Delito de Feminicidio y exigieron la destitución de su titular, Brenda Bazán por el tratamiento del caso; y un cambio en la clasificación del delito. Durante la movilización denunciaron transfobia institucional y pidieron que se reconozca la identidad de género de Paola.
Con la voz entrecortada, Kenya detalló que desde 2016 cambió legalmente su nombre, lo que no impidió que la discriminaran siendo víctima indirecta “Me encuentro de nuevo, como hace diez años, tomando las calles y las instituciones y desmadrando todo… porque Paola vale la pena”, afirmó. “Es indignante ver cómo tiran diez años de mi vida a la basura”, lamentó. Por esos hechos, Bazán fue calificada por las inconformes como una “fiscal de feminicidios transfóbica”.
Dentro del edificio, los cristales de varios despachos fueron destrozados y en las paredes dejaron por escrito sus exigencias de justicia, hasta que la fiscal Bertha Alcalde aceptó recibir a una veintena de mujeres trans y no binarias. La comisión llevó ante la funcionaria la discusión sobre varias carpetas de investigación sin avances o en las que se criminaliza a la población trans. Rodeadas de policías antimotines, el diálogo entre personas trans y autoridades se extendió por más de dos horas.
Al término de la reunión, la Fiscalía sostuvo que la diferencia entre homicidio y feminicidio no depende del reconocimiento de la identidad de la víctima, sino de la existencia de elementos que permitan establecer que la agresión ocurrió por su condición de mujer. También señaló que la clasificación jurídica puede cambiar durante la etapa de investigación complementaria, conforme avance el proceso y se incorporen nuevos elementos al expediente.
Las activistas anunciaron que mantendrán las protestas y exigieron que la Fiscalía modifique la clasificación jurídica del crimen. También convocaron a una nueva movilización para la próxima audiencia, programada para el viernes.
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