Periodistas, rectores, policías y hasta gente que ha utilizado botargas o máscaras de políticos en tiempos de carnaval han sido acosados, hostigados y hasta denunciados por la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, quien no permite ninguna clase de crítica o cuestionamiento contra su administración. Los habitantes de ese estado sureño del país están silenciados.
Aseguran periodistas de esa entidad de más de 970 mil habitantes que bajo el gobierno de Sansores desaparecieron los únicos cinco medios impresos que existían: Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades, a los que fue atacando y censurando hasta lograr su extinción.
“Acabó con los periódicos, no hay ninguno. Televisoras, solamente una, y medios digitales abundan, aunque una gran mayoría son oficialistas”, comenta Abraham Martínez, quien desde hace más de 15 años se ha dedicado al periodismo policiaco en redes como Facebook, en la que cuenta con un programa llamado El reportero del crimen.
Y es que, cuentan reporteros del estado, Sansores en petit comité asegura que los periodistas son “unos mugrosos muertos de hambre”.
En agosto pasado, Abraham, junto con dos periodistas, fue obligado a disculparse con Sansores por violencia política en razón de género.
El Tribunal Electoral del Estado de Campeche consideró que las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género. Abraham Martínez siempre lleva consigo su botón de pánico que acciona cuando enfrenta una situación de riesgo como la que vivió hace dos años a bordo de su camioneta, en la que viajaba con su familia.
“Como todos los viernes, salimos a cenar. Yo no ando en la calle después de las 11 de la noche. Veníamos en la avenida Gobernadores y a la altura de la calle Ecuador se me acercó un motociclista de la policía. Me pide que me pare por el polarizado de la camioneta. Esa fue la justificación. ¿Qué correspondía? Una infracción. Pero llegaron comandantes y unas 20 patrullas. Me empezaron a intimidar y exigían que me bajara.
“Pero no lo hice y accioné el botón de pánico, porque sé que en cualquier momento te siembran drogas y armas. Le metieron grúa a la camioneta y nos llevaron a un corralón fuera de la ciudad. Y gracias a la intervención del personal de la Comisión de Derechos Humanos que llegó a este lugar, nos soltaron”, relata el periodista de 47 años.
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