El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana manifestó su preocupación por la proliferación de zonas de sacrificio en México que, a su juicio, suman cerca de 50 en todo el país. Estos son territorios donde las comunidades viven expuestas a altos niveles de contaminación por la actividad industrial o manejo de residuos peligrosos
“Los procesos de industrialización y crecimiento demográfico que ha experimentado el país en las últimas décadas han producido un elevado número de sitios contaminados con sustancias tóxicas. De acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la autoridad ambiental federal, actualizado a junio de 2025, existen 1,142 sitios registrados en el país. Algunos de estos sitios son verdaderas zonas de sacrificio, donde los esfuerzos de las autoridades y las normas que protegen la salud y el medio ambiente han resultado insuficientes. En estas zonas de sacrificio, se ha normalizado la enfermedad, el cáncer, abortos espontáneos, autismo, y el dolor. Como escuché durante una reunión, “vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo”. Por eso quisiera hoy recordar las palabras de la Secretaria Alicia Bárcena en la primera Conferencia de las Partes del del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, cuando enfatizaba que eso es lo que no podemos permitir, que se naturalicen las zonas de sacrificio, y mucho menos que sean legales” escribió en la introducción de su reciente informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este año.
El experto, quien visitó México del 9 al 20 de marzo, señaló que en muchos casos las comunidades que viven cerca de estos polos industriales terminan “sacrificando” su derecho a un entorno sano para que ciertas actividades económicas continúen operando. Citó el caso de Yucatán. En esa región se ha incrementado el establecimiento de granjas porcinas que han generado elevados volúmenes de residuos que contaminan los mantos acuíferos y el entorno.
Asimismo Orellana se refirió sobre otros factores que contribuyen a agravar este problema en México como: el aumento en la importación de residuos que luego son quemados como combustible en procesos industriales y la persistencia de impactos tóxicos en regiones industriales o extractivas que afectan directamente la salud de las comunidades.
Además señaló la falta de una ley de sustancias químicas en México; así como, una ley sobre plaguicidas altamente peligrosos “México ha hecho avances en fortalecer el marco regulatorio ambiental y es vital que el país continúe en esa senda, pero le falta una ley general de sustancias químicas, así también falta una ley general sobre plaguicidas altamente peligrosos”, expuso en una conferencia en Ciudad de México.
Explicó que ese marco normativo “debe ir acompañado por políticas públicas de corto, mediano y largo plazo”. “Es urgente que el Estado mexicano garantice el cumplimiento de las leyes vigentes y establezca mecanismos claros de coordinación entre autoridades a nivel federal, estatal y municipal, especialmente entre las autoridades de salud y ambientales”, apuntó.
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