El fraude por los contratos transexenales para construir y operar ocho reclusorios federales – negociazo de García Luna que en 2010 autorizó directamente Felipe Calderón e implica 300 mil millones de pesos– sigue causando un daño patrimonial a la nación, como documenta nuevamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de Resultados de la Fiscalización del año 2022.
La principal irregularidad en el manejo de recursos públicos fue el reembolso que se hizo a tres compañías que utilizaron servicios públicos, como luz o agua, al momento de ejecutar los servicios por los que se les contrató, entre ellas está Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, ligado a GIA, de Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari .
Cabe recordar que en diciembre de 2020, por los contratos por los ocho penales federales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) levantó una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero, desviación de recursos, entre otros delitos, que implican más de 300 mil millones de pesos. Según una fuente de Presidencia, la denuncia podría alcanzar hasta al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, informó La Jornada. Sin embargo, no hay avances en la investigación por parte de la FGR.
Mientras tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificó el traslado de personas privadas de la libertad de penales estatales a ocho penales privados, pese a que concentran recomendaciones y quejas sin resolver ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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