En un pronunciamiento publicado este 4 de noviembre, la organización de derechos humanos Articulo 19 en México y Centroamérica, rechazó enérgicamente el uso indebido del derecho penal y la criminalización hacia personas defensoras ambientales, “ya que desempeñan un papel crucial en la protección del medio ambiente y en la promoción de los derechos humanos, luchando contra prácticas y proyectos que pueden causar daños irreparables a la naturaleza y a las comunidades locales”.
Tal como es el caso del defensor maya Wilbert Alfonso Nahuat Puc, subcomisario municipal de la comunidad Santa María Chí, Yucatán, que enfrenta ahora una demanda penal de la empresa Pecuaria Peninsular.
Wilbert Alfonso junto con el pueblo han impulsado acciones jurídicas contra la “Granja Porcícola Santa María”, también conocida como granja San Gerardo, por causar serias afectaciones al medio ambiente, al agua , y a la salud de las y los pobladores y de los animales de la comunidad. “Los fuertes olores y la quema de estiércol de cerdo han provocado enfermedades respiratorias en niños, niñas, adultos y en la población en general, todo esto sin ningún monitoreo ni evaluación por parte de las autoridades ambientales estatales”.
Nahuat Puc está acusado de despojo de propiedad y privación ilegal de la libertad por el bloqueo y las manifestaciones que organizó la comunidad maya contra la granja el 14 de mayo de 2023. Por la demanda penal, el defensor tiene programada la audiencia para la imputación este 7 de noviembre. Por ello, Artículo 19 exigió a las autoridades estatales y federales respetar y proteger el derecho a la protesta y la reunión pacífica, así como garantizar la seguridad de los defensores y realizar sus investigaciones de manera objetiva y transparente, “desestimando aquellas acusaciones penales que buscan inhibir la defensa de los derechos humanos y ambientales”.
En su pronunciamiento, la organización señaló que la criminalización contra el subcomisario municipal atenta contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a reunión pacífica, y recordó que el uso del derecho penal “para intimidar a personas defensoras es desproporcionada y vulnera sus derechos humanos, lo cual es contrario a los principios de libertad y justicia que deben prevalecer en un estado de derecho”.
“La criminalización de las personas defensoras puede llevar a la represión y al silenciamiento de voces críticas, lo cual es incompatible con una sociedad democrática y plural. El uso del derecho penal para intimidar a personas defensoras es desproporcionada y vulnera sus derechos humanos, lo cual es contrario a los principios de libertad y justicia que deben prevalecer en un estado de derecho”.
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