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La Minuta

AMLO deja el gobierno sin resolver la primera desaparición forzada que perpetraron funcionarios de Morena en Oaxaca

Claudia Uruchurtu es una madre soltera de 51 años de edad con un ferviente anhelo: “que las personas que nos gobiernan no sean corruptas y descaradas”, eso escribió en el año 2019.

Claudia es también una convencida seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador, por quien votó en 2018 motivada por su discurso contra la corrupción.

Por esa razón, ese mismo año decidió dejar Gran Bretaña, y volver a su natal Oaxaca, para presenciar desde ahí la “cuarta transformación” del país anunciada por el presidente. Paradójicamente, dos años después de regresar a México, en marzo de 2021, Claudia fue víctima de desaparición forzada a manos de funcionarios públicos del gobierno municipal de Nochixtlán, Oaxaca, emanados del mismo partido del presidente, Morena, cuyos actos de corrupción ella detectó, documentó y denunció formalmente.

Claudia Uruchurtu es considerada la primera desaparición forzada plenamente documentada, que fue planeada y cometida por agentes del Estado mexicano durante el gobierno morenista, cuyo fundador y líder moral deja la presidencia del país este 1 de octubre de 2024 sin haber cumplido la promesa de justicia que formuló tras el secuestro.

“Fue muy lamentable lo que acaba de pasar en Nochixtlán, Oaxaca –dijo López Obrador en mayo de 2021–, donde desaparece una luchadora social, se abre la investigación y un participante, como testigo protegido, da a conocer que la habían asesinado y que la orden había salido, presuntamente, supuestamente, de la presidenta Municipal (Lizbeth Victoria Huerta), del partido Morena. Y la instrucción es: sea quien sea, no llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. Entonces, que se aclare”.

Pese a esa promesa presidencial, cuatro años y medio después de la desaparición forzada de Claudia, esta activista permanece sin ser localizada, viva o muerta, mientras que las personas imputadas por el crimen en su contra han contado con apoyo tanto del gobierno estatal (también del partido Morena), como del Poder Judicial del estado de Oaxaca, en el intento de echar abajo el juicio emprendido en su contra.

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