En los próximos días la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca resolverá una sentencia en segunda instancia en el que confirmará, modificará o revocará la sentencia emitida en diciembre de 2022 en contra de la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
En el foro “La encrucijada de la justicia, El caso de Claudia Uruchurtu Cruz y los desaparecidos de Zapotengo”, el experto en derecho penal y de las víctimas, Gonzalo Cartas, expuso que el poder judicial de Oaxaca está frente al reto de no ofrecer impunidad a los perpetradores de la desaparición de la activista.
Elizabeth Uruchurtu Cruz, hermana de Claudia, a través de una video llamada desde Reino Unido, exigió a los órganos de administración de justicia, no más impunidad.
La ausencia de su hermana desaparecida el 26 de marzo de 2021, ha dejado un vacío irreparable a sus vidas, pero además han tenido que vivir con falta de justicia y de verdad “algo que a las autoridades de antes (con Alejandro Murat) y a las de ahora (con Salomón Jara) no les importa”.
“Aquel día, fue un día negro en nuestras vidas y hemos luchado incansablemente por encontrar respuestas”, planteó durante este foro organizado a propósito del próximo 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Criticó que, durante el proceso de juicio, fue evidente la falta de conocimiento y experiencia para aplicar la justicia en los casos de desaparición forzada y a pesar de ello lograron una sentencia condenatoria contra Lizbeth Victoria Huerta, la expresidenta municipal morenista de Asunción Nochixtlán y otras personas implicadas.
También denunció que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, amigo personal de Lizbeth Victoria Huerta, evidentemente intervino para que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, cambiara su fallo inicial en donde la señalaba como autora intelectual de los delitos cometidos contra Claudia, lo que le daría una condena de más de 40 años, pero indebidamente ocho días después, al emitir la sentencia, la jueza dijo que sólo había obstruido las investigaciones, por lo que le señalaron una pena de cuatro años y dos meses de prisión.
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