Representantes de las comunidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de una mina de Grupo México en agosto de 2014, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una solicitud de medidas cautelares con el fin de proteger la salud de la población de ocho municipios, acceso a agua limpia, y la reubicación de los pozos contaminados, reconocidos por autoridades federales, con metales como arsénico y plomo. Esta promoción de los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) surgen tras siete años de impunidad y litigios emprendidas por las comunidades y ante la falta de reparación integral de los daños causados por el derrame, y el reconocimiento oficial, a finales del año pasado, de que pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud. Asimismo, recuerdan que el plazo para cumplir con el compromiso que hicieron el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, de tener un “diagnóstico ambiental” del Río Sonora en “tres meses” concluye el 4 de octubre. El desastre ecológico ocurrió el 6 de agosto de 2014 cuando 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado se vertieron en los ríos Bacanuchi y Sonora, convirtiéndose así en el peor desastre minero de este tipo en México, el cual afectó a por lo menos 22 mil 878 pobladores.
Boletín: Exigen personas afectadas por Grupo México medidas cautelares a Profepa por derrame en Río Sonora. Conversatorio: 7 años de impunidad, y años de simulación, 7 años de resistencia comunitaria. Contexto: “Remediación ya”, la exigencia de los Comités de Cuenca Río Sonora
