A 8 años de la desaparición forzada del defensor del territorio Sergio Rivera Herández, familiares y organizaciones sociales alzan la voz para exigir justicia.
La movilización se realizó ayer domingo frente a la Casa de Justicia de Tehuacán, donde los participantes reclamaron avances en las investigaciones y demandaron que se determinen responsabilidades por la desaparición ocurrida el 23 de agosto de 2018, en el municipio de San Pablo Zoquitlán.
El activista nahua y defensor del territorio y del río Coyolapa, ubicado en la Sierra Negra de Puebla, fue detenido-desaparecido por personas ligadas a la municipalidad de Zoquitlán durante el mandato del alcalde perredista Fermín González León, hoy Delegado de Bienestar de la Microrregión 26 de Ajalpan.
En la Sierra Negra, la resistencia contra la Hidroeléctrica Coyolapa-Atzalan de la minera Autlán inició en 2016. Las comunidades de la región organizaron foros multitudinarios en los municipios de Zoquitlán y Tlacotepec de Díaz. La empresa minera dividió las comunidades, aún así los pueblos lucharon y corrieron la empresa de la región. Antes de su desaparición, Sergio Rivera recibió amenazas de muerte.
Tras la sentencia absolutoria de los tres autores materiales Victorino Téllez Carrillo, Rogelio Martínez, y Antonio Sandoval Sandoval, dictado por el juez Mario Cortés Aldama, que cuenta con más de una docena de quejas por su mala actuación, en 2023 se logró la reposición del proceso y actualmente se lleva a cabo un nuevo juicio penal, aunque las organizaciones advirtieron sobre presuntas irregularidades que, desde su perspectiva, han dificultado el avance del caso.
Durante la protesta frente a la Casa de Justicia, realizada el marco del Encuentro Nacional de las Resistencias en Defensa del Territorio, el Agua, la Vida y contra la Minería, integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y otros colectivos colocaron una placa conmemorativa en las inmediaciones de la Casa de Justicia, como símbolo de los ocho años transcurridos sin conocer el paradero del defensor.
A ocho años de aquel 23 de agosto de 2018, familiares, comunidades y organizaciones insistieron en que la exigencia permanece vigente: conocer el paradero de Sergio Rivera Hernández, esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
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