A 30 años de los acuerdos de San Andrés, la Alianza por la libre determinación y autonomía (ALDEA) difundió un posicionamiento donde señala que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas siguen enfrentando una discriminación histórica resultado de siglos de exclusión y de compromisos incumplidos por parte del Estado mexicano.
“A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, las demandas de autonomía, libre determinación, territorio, consulta previa y reconocimiento pleno de nuestros sistemas normativos continúan pendientes o aplicadas de manera limitada” apuntaron.
Asimismo, alertaron sobre la persistencia de políticas públicas extractivistas, que continúan impulsando el despojo territorial, vulnerando la organización social indígena y reproduciendo el racismo estructural. “Estas políticas reducen la identidad cultural a un elemento meramente folklórico”.
Detallaron que, las reformas legislativas recientes a la Ley de Amparo, limitan los mecanismos de defensa del territorio de los pueblos y comunidades indígenas; además de la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, que priorizan intereses extractivos sobre el derecho al agua de los pueblos originarios, y, por último, los planes energéticos que consideran la extracción de gas mediante el devastador proceso de fracturación hidráulica (fracking), sin consulta, y sin consentimiento de las comunidades afectadas.
La red de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y afromexicanas, recordó que el territorio no solo es un espacio físico, es el fundamento espiritual, político, y comunitario desde donde se ejerce la vida colectiva, la organización social y las formas propias de gobierno. Su despojo implica la vulneración directa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Por otra parte, señalaron que en el marco de la discusión pública respecto a una reforma electoral, la autonomía y la representación política real siguen siendo tarea pendiente justo como se discutió hace 30 años.
“La reforma al artículo 2° constitucional de septiembre de 2024, es vista como un avance simbólico que carece de una Ley General y de mecanismos claros para que los pueblos sean verdaderos sujetos de derecho público. La deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas se mantiene; a 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, seguimos alzando la voz y reiteramos nuestra exigencia de cumplimiento efectivo, mediante la implementación de políticas públicas que respeten y garanticen plenamente nuestros derechos colectivos. Es indispensable asegurar condiciones reales para hacer efectivas las garantías de participación, el ejercicio de la autonomía y libre determinación para todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas” afirmaron pueblos y organizaciones en todo el país.
Pronunciamiento ALDEA 30 años de los Acuerdos de San Andrés: una deuda histórica del Estado mexicano entre reformas insuficientes y políticas extractivistas | CDHCM A 30 años de su firma, los “Acuerdos de San Andrés” siguen vigentes en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas
