Hoy 16 de febrero se cumple un aniversario más de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, rebautizado por la población tsotsil San Andrés Sakamch’en de los Pobres, con los cuales el Estado mexicano reconoció en 1996 ante el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la situación de injusticia y discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, comprometiéndose a entablar una relación igualitaria, pero traicionó su palabra de cumplir estos acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena en la contra reforma constitucional de 2001. El diálogo de paz se estancó y la solución a las demandas se pospuso de forma indefinida.
“A 27 años de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, la violencia hacia los pueblos indígenas y afromexicanos se profundiza y la reforma constitucional sobre sus Derechos Humanos en el olvido”, alerta la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, (ALDEA) es una articulación de pueblos, comunidades y organizaciones civiles con presencia en 18 estados de la República.
Frente a las promesas incumplidas, “vemos como los megaproyectos prioritarios del Gobierno Federal se han venido implementando a toda marcha, a pesar de las denuncias de diversas organizaciones y comunidades indígenas por violaciones a derechos humanos”, señala ALDEA. Incluso, se facilitó aún más el avance de estas obras por el “decretazo” de noviembre de 2021, que les otorgó carácter de “seguridad nacional” y se autorizó a pasar por encima de obligaciones internacionales en materia ambiental y sobre derechos de pueblos indígenas, “siendo a todas luces una normativa inconstitucional”, reitera este espacio.
Frente al sistema de violencia, despojo y discriminación hacia las comunidades, ALDEA sigue alzando la voz para exigir al Estado mexicano cumpla los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y en consecuencia, que la reforma constitucional pendiente sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, sea presentada por el Ejecutivo, así como concretar la reforma a la Ley Minera y subsanar la grave omisión legislativa respecto a la promulgación de una Ley General de Aguas que respete el derecho sobre las aguas y los territorios de pueblos y comunidades.
Por su parte, el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que a 27 años de su firma, los Acuerdos de San Andrés Sakach’en de los Pobres “son un instrumento de lucha, que contiene la memoria y el espíritu de los pueblos que dialogan para pactar caminos de Justicia y Paz”. Frente a amenazas por parte del Estado mexicano, la delincuencia organizada y empresas transnacionales que ambicionan los bienes comunes “la respuesta son procesos de rearticulación desde los pueblos y comunidades”.
ALDEA: 27 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar Frayba: 27 años de los Acuerdos de San Andrés, luchas por la vida y la paz desde los pueblos Artículo de opinión: Ascenso y continuidad de las luchas indígenas, por Magdalena Gómez.
