En unos días, con un foro en Guerrero, se celebrarán los 30 años del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización civil que realiza una labor encomiable en una de las regiones más olvidadas del país. El aniversario merece ser festejado por el valioso trabajo que realiza “Tlachi” y también para reconocer a un espacio cívico que hoy enfrenta desafíos múltiples.
Por un lado, las organizaciones se enfrentan a un oficialismo que cuestiona su legitimidad. La visión del anterior presidente de la república, para quien la sociedad civil no era más que una fachada del conservadurismo o un vehículo de maquinaciones internacionales injerencistas, ejemplifica y nutre esta posición.
Tal animadversión –que no es sólo retórica pues se traduce en cierre de la interlocución, en hostigamiento fiscal, o en descalificación constante, como lo vivimos en el Centro Prodh– es replicada acríticamente lo mismo por simpatizantes del régimen que se está construyendo que por funcionarios del actual gobierno, y ha afectado al espacio cívico.
Por otro lado, las organizaciones también enfrentan cuestionamientos de sus aliados tradicionales que, desde perspectivas legítimamente preocupadas por las tendencias globales y nacionales, hoy dudan si aún hay lugar para las organizaciones en un entorno polarizado y poco propicio para la incidencia, que parece preferir los esfuerzos individuales y los discursos estridentes o superficiales; que se preguntan si todavía vale la pena apostar por trabajos que con datos y testimonios revelan las partes oscuras de la realidad, en tiempos donde dominan las narrativas de la post-verdad.
Enarboladas por actores ubicados en lugares distintos del espectro político, estas perspectivas terminan teniendo en común cierto escepticismo sobre el lugar de las organizaciones civiles en contextos de erosión constitucional como el que vive México.
Aunque siempre es positiva cierta dosis de escepticismo, el cual conduce a la autocrítica –muy necesaria por cierto en el sector–, es fundamental que no se llegue al extremo de la inamovilidad, de ceder ante las modas del presente o de tirar por la borda al espacio cívico en su conjunto.
Las álgidas coyunturas que han tenido lugar los últimos meses, lo mismo que el 30 aniversario de Tlachinollan, confirman que los organismos no gubernamentales siguen siendo actores fundamentales de la resiliencia democrática, incluso en los estrechos márgenes de acción política que hoy se vislumbran.
Las organizaciones civiles de defensa de derechos humanos siguen de pie en un contexto en el que su propia legitimidad se puso en tela de duda desde el poder. Su aporte, en distintas modalidades, sigue siendo relevante. Conviene recordarlo.
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