A plena luz: El caso Narvarte. Cr. Courtesy of Netflix © 2022
Este 31 de julio se cumple una década del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete, ocurridos el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, y, la impunidad prevalece, no hay avances, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales.
Hoy familiares, amigos y organizaciones acompañantes se manifestaron a las afueras de la sede de la FGJ CDMX, “Durante estos diez años, las familias de las víctimas, junto con sus representantes legales, han enfrentado negligencia institucional, dilación injustificada y falta de acceso a la verdad. Las irregularidades han sido sistemáticas: filtraciones de información, revictimización, omisiones en actos clave y estigmatización a las víctimas” señalaron en su pronunciamiento.
En ese sentido, Patricia, hermana del fotorreportero Rubén Espinosa, expresó que a pesar de que se documentó que se usó un segundo vehículo en el crimen y el posible encubrimiento desde dentro de las instituciones, la dependencia solo aceptó los hallazgos hasta 2022, y que hasta la fecha ninguna línea de investigación ha sido agotada.
Recordaron que desde el inicio, las autoridades negaron cualquier vínculo del crimen con la labor periodística de Rubén Espinosa y la defensa de derechos humanos de Nadia Vera. Ambos habían salido de Veracruz pocas semanas antes, huyendo de amenazas directas recibidas en un contexto de represión bajo el gobierno de Javier Duarte, señalado como uno de los más letales para la prensa en México: de 2010 a 2016, 17 periodistas fueron asesinados y 3 más desaparecidos.
Asimismo denunciaron que la falta de debida diligencia ha provocado la pérdida de evidencia fundamental. Las autoridades no han sancionado a las personas servidoras públicas que incurrieron en filtraciones, omisiones o manipulación de pruebas, a pesar de las denuncias formales interpuestas por las familias desde 2022. Estas omisiones fortalecen la hipótesis de que algunos involucrados pudieron haber sido protegidos institucionalmente.
“En 2017, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy CDHCM) emitió la Recomendación 4/2017, en la que documentó las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Fiscalía. Hasta hoy, esa recomendación sigue incumplida” sostuvieron.
Por todo lo anterior, a una década de estes crimen, ARTICLE 19 y las familias exigen: a la desperdicias encargadas realizar todas la diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación pendientes, especialmente las relacionadas con el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos; que los responsables sean llevados a la justicia y sancionados al igual que los funcionarias y funcionarios públicos que hayan obstaculizado el proceso de justicia y por ultimo que se cumpla en su totalidad la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
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