Colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y personas defensoras exigieron a las autoridades estatales y federales, una investigación inmediata e independiente sobre el hallazgo del campo de exterminio con tres hornos clandestinos en el que se encontraron restos humanos en Teuchitlán, Jalisco, “un crimen de lesa humanidad que demuestra la sistemática desaparición, reclutamiento forzado y exterminio de personas jóvenes en México”.
El hallazgo, hecho público el 5 de marzo de 2025 por los colectivos Guerreros Buscadores y Madres Buscadoras de Jalisco, ha sido descrito como un “campo de adiestramiento y exterminio” operado por el crimen organizado.
Los colectivos de Jalisco que realizaron el hallazgo han denunciado la práctica de reclutamiento forzado y han documentado hasta septiembre de 2024 al menos 70 desapariciones en la Central Camionera de Guadalajara, principalmente personas jóvenes que fueron atraídas mediante falsas ofertas de trabajo. La existencia de este centro de exterminio evidencia el contexto de violencia generalizado en Jalisco y otras partes del país y confirma el modus operandi del crimen organizado en Jalisco: desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, con la eventual complicidad de autoridades estatales y municipales.
En el informe que la Comisión Nacional de Búsqueda presentó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en 2021, cuatro municipios de Jalisco se encontraban entre los diez con mayor número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas a nivel nacional. Tlajomulco de Zúñiga encabezaba la lista con 296 cuerpos, seguido de El Salto con 212, Zapopan con 206 y San Pedro Tlaquepaque con 99. En total, 1 de cada 4 cuerpos recuperados en fosas clandestinas a nivel nacional correspondían a Jalisco (24.34%).
Este hallazgo configura lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU define como un “crimen perfecto” por la aquiescencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a la desaparición cometida por agentes no estatales; ya que resulta imposible aceptar que este mega campo de exterminio operara sin la complicidad de autoridades y fuerzas de seguridad.
El hallazgo del centro de reclutamiento forzado y del campo de exterminio con los hornos clandestinos en Teuchitlán es una prueba irrefutable de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y, por tanto, crímenes de Estado. Si el Estado no toma medidas inmediatas, se estará consolidando un patrón de exterminio con la complicidad de las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía.
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