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La Minuta

Sin medición de pobreza y sin transparencia, rumbo a un país sin órganos autónomos, señalan especialistas

La Cámara de Diputados publicó la iniciativa de reforma que busca eliminar siete organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La iniciativa pretende reformar diversos artículos de la Carta Magna para extinguir también el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

Por dieciocho años, el Coneval se ha encargado de medir la pobreza y de evaluar las políticas y programas de desarrollo social. De ser aprobada la reforma presentada por el expresidente López Obrador, especialistas alertan que se pone en riesgo la evaluación de las políticas públicas de desarrollo social, ya que la propuesta contempla la fusión del Coneval con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organismo público autónomo que sólo se encarga de recopilar y difundir información estadística del país.

“Desde hace 18 años que existe Coneval hay un contraste con lo que existía antes. Lo primero es una medición confiable de la pobreza, ya que hasta los años 90 todavía había una disputa continua sobre si los datos eran creíbles y si la metodología era la correcta, además de que se hacen cálculos del índice de rezago social para definir zonas de atención prioritaria”, explicó Guillermo Cejudo, consejero académico del Consejo.

Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, subrayó que “la ventaja de tener al Coneval es que tienes un órgano con capacidad técnica que no es juez y parte en la evaluación, y que además ofrece un enfoque de mejora, ni siquiera es una calificación de reprobado o aprobado, sino sobre lo que hay que mejorar, qué está funcionando y qué no”. “Es hasta de sentido común que no se pueden invertir recursos públicos sin saber qué resultados dan, y para saber qué resultados da la evaluación es un instrumento indispensable”, agregó.

Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, hizo notar “la gran paradoja” de que la Semana de Transparencia coincida con el momento en que “se va a dar un golpe fatal a los organismos autónomos”, en vista de que la Cámara de Diputados dará trámite al dictamen de simplificación que prevé su extinción. En tono de crítica y autocrítica, Maldonado dibujó las grandes líneas del debate actual. En el segundo plano sugirió que el “régimen de la transición… no removió del todo los anclajes autoritarios”.

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