El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (Cedapi) denunció que el 23 de septiembre “un grupo de aproximadamente 100 personas”, encabezados por el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca y el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, ingresó a la comunidad de Guerrero Grande “sin previo aviso, ni autorización”, donde se resguardan un grupo de personas desplazadas beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH, por los hechos violentos contra defensores del bosque en 2021.
La incursión se realizó “sin previo aviso de manera autoritaria y con personas armadas dispersas que rodean la comunidad, provocando un clima de zozobra y miedo a las personas beneficiarias de medidas cautelares”, informa Cedhapi y Sebastian Paz Bautista, representante de las personas desplazadas, además de afirmar que las autoridades municipales “cuentan con el apoyo de la organización MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui)”. Por su parte, las autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca emitieron un boletín donde dan su versión de los hechos.
Cabe recordar que en octubre de 2021, un grupo armado supuestamente encabezado por autoridades municipales de Atatlahuca quemó más varias casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, esto en el contexto de la defensa del bosque. Tras los hechos violentos, siguen desplazadas 115 familias y se encuentran desaparecidos Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y la ambientalista Irma Galindo Barrios.
Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por los homicidios, desapariciones y quemas de casas y que en el mes de julio del 2022 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la causa penal 066/2022 emitió orden de aprehensión contra los señores Carlos Reaño Sandoval y Rogelio Bautista Barrios pero fueron liberados por un Juez de Control al referir infundadamente que la detención había sido ilegal.
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