El 25 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la iniciativa de Reforma Indígena será presentada en el paquete de reformas constitucionales del 5 de febrero. Esto después de que la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), formada por más de 240 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, hizo pública una carta que envió al presidente, con la intención de recordarle su compromiso con la población indígena.
Sin embargo, en su anuncio el presidente solo mencionó que se elevaría a rango constitucional los planes de justicia a pueblos indígenas. ALDEA recuerda en su boletin que “incorporar los planes de justicia de este gobierno es positivo, pero no suficiente”.
A las comunidades organizadas en ALDEA le preocupa que “esta alusión simplificada y algo ambigua sobre la reforma pueda dejar de lado las diversas propuestas de la iniciativa de reforma constitucional que entregó la tribu Yaqui al presidente, dentro de la cual se plantea una reforma integral de 15 artículos del texto constitucional, que incluye que se reconozca como ‘sujetos de derecho público’, lo que les confiere toda personalidad y capacidad jurídica”.
Por su parte, Mariana Bermúdez, Dra. Gral. del Centro Vitoria, reitera que ante la coyuntura electoral, “se vuelve indispensable que los pueblos indígenas y afromexicanos sean tratados con respeto y dignidad para no ser engañados nuevamente por quienes dicen que solventarán las deudas históricas mientras perpetúan las mentiras e injusticias históricas”.
Es importante mencionar que la actual iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos indígenas fue presentada por la comunidad yaqui el 28 de septiembre de 2021 en el contexto del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, cuya elaboración se efectuó a través de un proceso de consulta de 60 asambleas y 50 foros regionales. ALDEA ha buscado los canales institucionales para sostener un diálogo con la Consejería Jurídica de la Presidencia, instancia en la que está atorada la iniciativa de reforma.
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