El descontento generalizado ha mantenido a las y los panameños en protesta y cierres de calles en todo el país en su tercera semana. Las acciones de rechazo al proyecto minero Cobre Panamá, ubicado sobre el Corredor Biológico Mesoaméricano CBM, ha tenido como característica paros laborales, marchas, bloqueos, escuelas cerradas y la suspensión de los desfiles patrios.
La exigencia popular es que se cierre la empresa Minera Panamá hasta tanto no se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las seis demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre el contrato.
El presidente Laurentino Cortizo ha intentado frenar las manifestaciones con el anuncio de una consulta popular a mediados de diciembre para aprobar o derogar la Ley 406, que autoriza la concesión de la mina por 20 años prorrogables a la filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals.
El rechazo de los panameños por la explotación de la mayor mina de cobre rindió fruto en una moratoria a 11 concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en todo el territorio panameño. Sin embargo, de 15 concesiones registradas, 4 de ellas quedan por fuera de los efectos legales, entre ellas la de Minera Panamá.
La actividad minera para Panamá es totalmente desproporcionada en un país pequeño (74.000 km2), tropical, de altísima biodiversidad y dependencia de los ecosistemas, vulnerable al cambio climático y con 52 cuencas hidrográficas, afirman ecologistas.
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