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La Minuta

Organizaciones exigen cese el hostigamiento contra la radio comunitaria Coatl de Tehuacán, Puebla

A través de una carta pública organizaciones sociales denunciaron una campaña de hostigamiento y criminalización contra “Radio Coatl”, radio indígena comunitaria, ubicada en la comunidad indígena de Santa María Coapan de Tehuacán, Puebla. Las organizaciones exigieron se garantice el derecho a la comunicación comunitaria e indígena, así como la protección legal para la radio y sus miembros.

Las organizaciones firmantes expresaron preocupación y solidaridad con la radio comunitaria. Exigieron el cese inmediato de los actos de intimidación y criminalización contra los medios de comunicación que defienden los derechos de los pueblos indígenas.

Los antecedentes del caso: “El pasado 5 de septiembre del 2024, alrededor del mediodía, dos camionetas de IFETEL se presentaron en las instalaciones de Radio Coatl, fotografiando tanto el domicilio como al personal, permaneciendo dos horas frente a las instalaciones, generando temor y amedrentando a los radialistas”.

Este proyecto de comunicación, que desde 2015 forma parte de la red de radios indígenas y comunitarias del sureste mexicano, ha acompañado importantes luchas, como la del “Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan”, que logró la cancelación definitiva del basurero municipal de Tehuacán.

Por su papel fundamental en la difusión de información, “Radio Coatl” ha sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de autoridades municipales, la Fiscalía del Estado y actores vinculados a Morena y al Partido Verde. En 2022, el entonces auxiliar de Santa María Coapan, Antonio Dolores, orquestó un intento de linchamiento e incitó al desmantelamiento de la radio.

Estos actos de intimidación buscan debilitar el trabajo de “Radio Coatl” en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, su autonomía y libre determinación. Se denunció que el próximo presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso, busca la reapertura del relleno sanitario, a pesar de la existencia de un mandato judicial de cancelación definitiva.

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