“La Lacandona es un polvorín” denunciaron Líderes indígenas de la selva Lacandona, en Chiapas, quienes cumplieron un año de ser desplazados de sus territorios, luego que integrantes del crimen organizado los amenazara de muerte por denunciar el uso de pistas de aterrizaje y terrenos para el tráfico de droga.
Denunciaron que la Selva Lacandona está siendo penetrada por organizaciones criminales de diversos orígenes, afectando severamente la vida de las comunidades, “nuestro territorio es especialmente codiciado para sus negocios y actividades ilícitas, por eso no les conviene que haya comunidades organizadas y progresando de acuerdo a sus modelos de vida vinculados al respeto a la vida y la Madre Tierra”.
En una carta pública los lideres reiteraron que “la violencia se ha vuelto cotidiana en la selva Lacandona”, que varias comunidades de la selva están sometidas por grupos del crimen organizado y, a su ver, “la situación en nuestro estado fronterizo es un polvorín a punto de estallar, nuestra situación es solo la punta del iceberg”.
Además señalaron que los tres niveles de gobierno las tienen olvidadas, y que las autoridades del poblado, “aliadas con grupos del crimen organizado”, ya las despojaron de sus parcelas. Ante esta situación, las cuatro familias no ven la posibilidad de un retorno a su comunidad Lacanjá Chansayab; por lo que demandan: “Si el gobierno es incapaz de hacer valer nuestros legítimos derechos, que asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente”.
“La única respuesta y propuesta del gobierno es que nos quedemos en nuestras casas y territorios, que no nos desplacemos, pero eso conlleva el aceptar trabajar para los grupos de delincuencia, sobrevivir extorsionados, pagarles su impuesto como derecho de piso y participar de sus actividades ilícitas funcionando como base social de estos grupos de delincuentes como sus policías y en sus movilizaciones”, explicaron.
Los líderes lacandones señalaron que su situación de desplazamiento forzado y las amenazas en su contra los ha colocado, a ellos y sus familias, “en situación de pobreza y marginalidad, además de que estamos en serio riesgo para nuestra integridad física sin acceso a la salud ni educación”.
Señalaron que si el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal, municipal son incapaces de hacer valer sus derechos y detener a los agresores de las comunidades, les exigen que “asuman su responsabilidad de indemnizarnos económicamente por el valor de esos patrimonios de los que hemos sido expropiados de manera ilegal e ilegítima por parte del crimen organizado”.
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