La organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) hace un llamado urgente a detener las violentas incursiones policiales y detenciones arbitrarias de líderes indígenas en Panamá, que han dejado al menos un joven indígena herido grave, ochenta personas indígenas con heridas de distinta consideración, un número indeterminado de personas detenidas y familias desplazadas como resultado de la represión a la movilización social.
“Desde el pasado 14 de mayo, fuerzas de la Policía Nacional y la policía fronteriza de Panamá han incursionado y sitiado comunidades”, alerta el IPRI. La represión primero se ha concentrado en las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé, especialmente en los pueblos Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado. IPRI condena enérgicamente estos hechos y exige al Estado panameño y exige el cese inmediato de la represión contra las comunidades indígenas movilizadas
Además, el 20 de mayo, una comunidad de Arimae Tierras Colectivas de la comarca indígena Emberá Wounaan, que limita con la provincia de Darién, también denunció actos represivos con gas lacrimógeno.
En Panamá hoy se cumplen cuatro semanas de huelga indefinida realizada por el movimiento de trabajadores organizados y sindicatos del magisterio. A esta convocatoria se le han sumado pueblos originarios, campesinos, juventudes y frentes de mujeres. Las demandas principales son la derogación de la Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la derogación del acuerdo de Mutuo Entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos en función de maniobras militares en el territorio y la cancelación de la reapertura de la mina cobre Panamá en el Corredor Biológico Mesoamérica.
Además, hoy se informó que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, solicitó asilo en la embajada de Bolivia en Panamá, en medio de una avanzada criminalizadora impulsada por el Ejecutivo.
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