La comarca indígena panameña Ngäbe-Buglé denunció la represión policial contra miembros de comunidades que protestan contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS). El miércoles, policías han ingresado a las comunidades Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado, utilizando gases lacrimógenos y en presencia de niños y adultos mayores, deteniendo arbitrariamente a dirigentes.
Desde el 23 de abril, comunidades indígenas, junto a docentes y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), mantienen una huelga indefinida contra la Ley 462 que afecta el sistema de pensiones. Las protestas también rechazan un memorando firmado en abril con Estados Unidos, que permite bases militares bajo el argumento de “proteger el Canal de Panamá”, así como el intento de reactivar la minería.
“Esto es una dictadura. El Gobierno está abusando de su fuerza pública, sacando a líderes de sus casas a punta de golpes, patadas y gases lacrimógenos, sin importar la presencia de menores o personas vulnerables”, afirmaron los voceros indígenas, quienes acusan al Ejecutivo de violar sistemáticamente los derechos humanos. Ayer, las autoridades de la Comarca Ngäbe Buglé rompieron relación oficial con instituciones de gobierno. Las movilizaciones dejan un saldo global de 196 personas aprehendidas, entre docentes, estudiantes, obreros e indígenas.
Panamá se encuentra “otra vez en un escenario de crisis que se profundiza a medida que aumentan las demandas sociales, mientras desde el gobierno se toman decisiones teñidas de corrupción”, alerta el Colectivo Voces Ecológicas COVEC en su análisis de coyuntura publicada en Radio Temblor.
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